La dinámica de gobierno implantada por el PSOE en Andalucía
en los últimos años parece empecinada en demostrar la veracidad del
clásico aserto de Lord Acton: el poder tiende a corromper, y el poder
absoluto corrompe absolutamente. La sólida hegemonía socialista en
Andalucía, donde ha gobernado ininterrupidamente durante tres décadas,
ha favorecido el progresivo deterioro de su gestión, un lento pero
imparable proceso caracterizado por la desvirtuación de los mecanismos administrativos de autocontrol y el uso de las ayudas públicas para alimentar una red clientelar cada vez más extensa y corrupta.
Los abusos en la administración de los fondos públicos parecen haberse extendido por la Junta de Andalucía como una metástasis
que amenaza con terminar con uno de los aparatos de poder más compactos
de España y que contaba con un fuerte arraigo social gracias a una
cuidada maraña de entidades ciudadanas de todo tipo afines al Gobierno.
La enfermedad, sin embargo, mantiene hoy al Gobierno
andaluz en un estado casi agónico, aquejado por disidencias políticas
internas, procesos judiciales y conflictos funcionariales. Los males que
ahora se manifiestan llevaban años gestándose entre las bambalinas del
poder omnímodo socialista, pero solo han podido ser diagnosticados gracias a la investigación de los medios de comunicación, una labor lenta pero eficaz en la que ABC ha desempeñado un rol fundamental.
Esta crónica de la trastienda del poder andaluz, hilvanada
con material oculto bajo las alfombras de los despachos, arranca
inevitablemente el 22 de abril de 2009, cuando ABC publica en exclusiva la grabación en la que el director y el subdirector de Mercasevilla
--empresa gestionada por la estatal Mercasa y el Ayuntamiento de
Sevilla--, Fernando Mellet y Daniel Ponce, respectivamente, exigían a un
empresario sevillano 450.000 euros como contrapartida a la concesión de
una escuela de hotelería que iba a poner en marcha la Fundación
Mercasevilla gracias a una subvención de 900.000 euros concedida por la
Junta de Andalucía.
Aquella grabación es la piedra «Rosetta» de la corrupción del socialismo andaluz, el texto que permite descifrar los códigos ocultos de los abusos en la administración.
Allí los directivos de la empresa municipal hablan de trato de favor
?«la Junta colabora con los que colaboran»?, financiación del partido
?«la Junta dice que el dinero es para los niños saharauis y yo me tengo
que creer que es para los niños saharauis; luego será para carteles de
Felipe González» -y comisiones ilegales- «de todas las subvenciones que
habitualmente recibimos hay que desviar una parte a donde la Junta en
cada momento nos dice»?.
El escándalo motivó la dimisión del delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla,
Antonio Rivas, y un progresivo deterioro de imagen de la coalición de
PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla, rematada con las imágenes que
ABC ofreció en exclusiva del viaje ?mariscada incluida? del primer
teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, a Bruselas con los
responsables de la Fundación Mercasevilla ?que terminaría disolviéndose
con un agujero financiero de 1,1 millones de euros?. En las elecciones
municipales, el PSOE perdía la alcaldía de Sevilla tras doce años en el
poder. Aparecen los ERE
La grabación del intento de extorsión fue el primer trueno de una tormenta que
amenaza con inundar toda la Junta de Andalucía. De la trama de
Mercasevilla se derivaron cuatro líneas de investigación: el pago de
comisiones, la extraña venta de una parcela de Mercasevilla a la oferta
más baja, un presunto delito societario y los dos expedientes de
regulación de empleo (ERE) casi consecutivos que había acometido la
empresa para, al final del costoso proceso, terminar con el mismo número
de empleados. Cuando la titular del juzgado de instrucción número 6 de
Sevilla, Mercedes Alaya, abrió una carpeta con las letras «ERE» en su
tapa, a alguien debió de correrle un escalofrío por la espalda en su
despacho de la Consejería de Empleo.
En la grabación de Mellet y Ponce se aludía a un nombre que
en un primer momento pasó inadvertido: Juan Lanzas. Lanzas, citado como
«conseguidor», había mediado para que la empresa de su cuñado, Maginae
Solutions, asesorara en los ERE de Mercasevilla. En agosto de 2009 ABC revelaría la insólita, onerosa e ineficaz aplicación de dos ERE en Mercasevilla.
Pero no sería hasta noviembre de 2010 cuando el PP denunciase la
aparición en uno de los ERE de Mercasevilla de una persona, Antonio
Garrido Santoyo, que cobraba la prejubilación sin haber trabajado nunca
en la empresa. La figura del «intruso» se incorporaba así al decorado de
la corrupción andaluza.
Garrido Santoyo resultó ser amigo de Ismael Sierra,
dirigente del PSOE de Baeza, cuñado de Juan Lanzas y dueño de la empresa
Maginae Solutions, que había gestionado el ERE. Comenzó entonces un goteo de descubrimientos de «intrusos» en ERE
que obligó a la juez a abrir una pieza separada en el caso y a la
Policía Judicial a llamar a declarar, en diciembre de 2010, al que fuera
director general de Trabajo durante la concesión de dichos ERE. Un tal
Francisco Javier Guerrero.
Guerrero había sido destituido de su cargo en la Consejería de Empleo en abril de 2008, una decisión que pasó inadvertida en plena resaca de las elecciones generales y autonómicas.
Pero se trataba de una persona clave en la Consejería de Empleo, donde
había trabajado con tres consejeros diferentes. Durante su declaración,
realizada en un contexto relajado, los agentes se miran atónitos: había
confesado la existencia en la Consejería de un fondo de 647 millones de
euros para financiar ERE a empresas seleccionadas caprichosamente por la
Junta y al margen de los controles administrativos, ya que se realizaba
a través de una empresa pública, el Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA), posteriormente denominada Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA).
La revelación detonó el «caso ERE» y provocó la imputación en abril de 2011 de uno de los tres consejeros de Empleo con
los que trabajó Guerrero, Antonio Fernández ?cuya empresa resultó a su
vez beneficada por uno de los ERE fraudulentos?. Es el único alto cargo,
además de Guerrero, imputado en la causa.
La evidencia del escándalo hizo cambiar de estrategia a la
Junta de Andalucía, que abrió una investigación interna para desmarcarse
del escándalo. Los funcionarios de la propia administración autonómica
detectaron 183 prejubilaciones en 5.982 casos analizados. Más difícil
resultó para la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, explicar
el 21 de marzo de 2011, por qué no había atendido los informes de la Intervención General
en los que advertía reiteradamente de la irregularidad del
procedimiento de los ERE. La cuestión no es baladí, porque en los años
en que recibió dichos informes -2005, 2006 y 2007- Martínez Aguayo era
viceconsejera de Economía, y el consejero era ni más ni menos que José
Antonio Griñán, el actual presidente de la Junta. Aguayo aseguró que no
informó a Griñán del contenido de los informes.
Pero los escándalos estaban lejos de terminar. El 4 de marzo ABC informaba en exclusiva de otro fraude en
la Consejería de Empleo, relativos a fondos de la UE gestionados por la
Junta de Andalucía. Y el pasado 22 de diciembre este periódico también
revelaba otra investigación judicial por presunto fraude en la concesión
de ayudas para la contratación de minusválidos, también en Empleo.
La confesión del chófer de Guerrero, beneficiado con 900.000 euros de subvenciones
que ambos dedicaron en parte a adquirir cocaína, reactivó el escándalo
con una enorme repercusión social y abocando al Gobierno andaluz a una
delicada situación.
Cercado por los escándalos, debilitado por la tensión interna del PSOE y rechazado por gran parte de sus propios funcionarios, Griñán afrontó la inminente campaña electoral con una fragilidad insólita en un candidato socialista.
La revelación en este periódico, esta misma semana, de un subterfugio
contable para ocultar facturas y disminuir el déficit compromete aún más
el futuro de un dirigente que aparece atrapado por la inmundicía
acumulada después de treinta años sin levantar las alfombras.
abc.es/espana/20130723/abci-cronicas-bajo-alfombras-201307232212.html
Nasciturus proiam nato habetur, si de eius commodo agitur
