La verdad sobre la financiación de la Iglesia

El diario de Cacho publica una noticia panfletaria y cargada de errores

Vozpópuli lanza un nuevo bulo sobre la financiación de la Iglesia Católica

Dom 27·1·2013 · 18:34h 7

Hoy el diario que dirige Jesús Cacho vuelve a publicar una información panfletaria y engañosa sobre la financiación de la Iglesia Católica, como ya hizo el año pasado en una noticia que ha sido borrada por ese digital. Esta vez la autora de la intoxicación es Esther Arroyo, bajo este titular: “Mantener la financiación y los privilegios a la Iglesia le sale caro al Estado”.
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En el texto de la noticia, la señora Arroyo afirma lo siguiente:

“Y es que la financiación de esta institución religiosa a través de la declaración de la renta tiene trampa. Esto es así porque el montante asignado proviene del fondo común de todos los contribuyentes y no sólo de aquellos que quieren colaborar económicamente con la causa (que en 2011 fue sólo el 35%). Esto significa que los que marcan la casilla de la Iglesia no pagan un 0,7% más, sino que lo detraen del conjunto de los impuestos recaudados anualmente. Quieran o no, marquen la casilla de la Iglesia o prescindan de ello, todos los ciudadanos que contribuyen al Estado con sus impuestos, pagan.”

En Vozpópuli no se han leído lo que dice la Ley 42/2006
Para echar por tierra la falsedad que publica Vozpópuli basta con leer el apartado uno de la disposición adicional decimoctava Ley 42/2006 (ver PDF, página 46.300):

“Con vigencia desde el 1 de enero de 2007 y con carácter indefinido, en desarrollo de lo previsto en el artículo II del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia Católica el 0,7 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.”

Está muy clarito, pero por si la señora Arroyo aún no se ha enterado, se lo pongo más claro todavía: lo que eso quiere decir es que si tú no marcas la casilla, o la marcas pero en tu IRPF no te sale a pagar, la Iglesia no recibe ni un céntimo de tu parte. Es más: la señora Arroyo vuelve a faltar a la verdad cuando dice sobre esa asignación que lo mismo ocurre con la casilla destinada a los “fines de interés social”. Una vez más, veamos lo que dice la citada Ley 42/2006 (ver PDF, página 46.300) en su disposición adicional decimoséptima:

“Para el año 2007 el Estado destinará a subvencionar actividades de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de la cuota integra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, determinada en la forma prevista en el apartado dos de la disposición adicional vigésima de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido. El resultado de la aplicación de este sistema no podrá ser inferior a 126.077,52 miles de euros. Cuando no se alcance esta cifra, el Estado aportará la diferencia.”

Como se puede ver, la única diferencia entre los dos sistemas es que en el caso de la casilla de fines sociales, el Estado garantiza siempre una cuota mínima, cosa que no ocurre con la casilla de la Iglesia Católica.
Lo que Vozpópuli no dice sobre la financiación de la Iglesia vía IRPF
Además, la señora Arroyo afirma que “durante este año 2013 la Iglesia recibirá a cuenta 13 millones de euros mensuales, percibiendo además la liquidación definitiva del ejercicio de 2011, de acuerdo con el sistema establecido en la orden EHA/2760/20082″. Esto ya lo publicó Vozpópuli el año pasado, como ya señalé aquí, y como ocurrió entonces, hoy tampoco explican la mecánica de esa financiación. La cantidad en cuestión aparece señalada en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, concretamente a la disposición adicional sexagésima octava. En lo relativo a las liquidaciones, y conforme a lo establecido en la citada Ley 42/2006, los PGE para 2013 indican:

“En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente.“

¿Qué quiere decir esto? Pues lo mismo que ya dije el año pasado: en la fecha citada el Estado o la Iglesia tendrán que compensar a la otra parte si la cantidad recaudada mediante la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF es mayor o menor, respectivamente, de la cantidad ahora asignada. Si la cantidad recaudada mediante la casilla de la Iglesia en el IRPF es menor que la señalada, la Iglesia tendrá que devolver la diferencia. Y viceversa: si la cantidad recaudada es mayor, será el Estado el que tenga que compensar a la Iglesia, que es lo que viene ocurriendo cada año porque esa cantidad que adelante el Estado siempre se queda por debajo de lo que al final se recauda por la citada casilla. Pero vamos, que no es el Estado quien determina lo que recibe la Iglesia: lo decidimos los contribuyentes marcando libremente esa casilla, y no como dice Vozpópuli.
Acusa de ‘opacidad’ a la Iglesia mientras cita sus memorias económicas
En el panfleto publicado por Vozpópuli también se leen cosas de este estilo sobre la Iglesia: “Su poder, tanto económico como patrimonial, es difícil de calcular debido a la opacidad de su funcionamiento y gestión.” Lo más gracioso es que el propio digital de Cacho hace referencia en esa noticia a las memorias económicas de la Conferencia Episcopal, en las que ésta ofrece sus cuentas con todo detalle. ¿En qué quedamos, señores?
¿Es un privilegio lo que beneficia a todas las entidades sin ánimo de lucro?
La señora Arroyo, firmante de la noticia, afirma también: “Pero no solo la Asignación Tributaria supone un enorme esfuerzo para la caja pública. Las donaciones a la Iglesia Católica desgravan de tal forma que Hacienda devuelve un 25% del IRPF en el caso de personas físicas y un 35% del Impuesto de sociedades en el caso de personas jurídicas.” Y esto lo vende como un privilegio, claro, sin mencionar lo que dice el Art.16 de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que incluye como beneficiarias de esas ventajas fiscales a las entidades sin fines lucrativos que menciona el Art. 2 de esa ley: fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ONGs, federaciones deportivas… En base al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos la Iglesia Católica se beneficia de las mismas ventajas fiscales que las demás entidades sin ánimo de lucro. No se trata de ningún privilegio. De hecho, esas mismas ventajas son las que dispone la Ley 24/1992 para la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Ley 25/1992 para la Federación de Comunidades Israelitas de España, y la Ley 26/1992 para la Comisión Islámica de España. Ni evangélicos, ni judíos ni musulmanes tienen obras sociales de la envergadura de las que sostiene la Iglesia Católica en España, pero Vozpópuli ni los menciona. ¿Curioso, no?
Inmatriculaciones: Vozpópuli miente sobre lo que dice la Ley Hipotecaria
Por otra parte, la señora Arroyo entra con la misma falta de rigor en el tema de la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia. La cronista de Vozpópuli llega a afirmar que la Ley Hipotecaria “no exige a la Iglesia demostrar ser la auténtica propietaria ni haber adquirido los bienes de forma legítima”. Nuevamente, la señora Arroyo miente, como se puede comprobar leyendo el Art. 206 de la citada Ley Hipotecaria:

“El Estado, la provincia, el municipio y las Corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a: cuyo cargo esté la administración de los mismos en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos.”

Así pues, la Iglesia sólo puede inmatricular -es decir, hacer la primera inscripción de un bien en el registro de propiedad- lo que le pertenezca y cuando no esté previamente registrado, ya sea por un particular o por el Estado. Esta fórmula existe en España porque la presencia de la Iglesia Católica como institución en nuestro país es muy anterior, en muchos siglos, a la existencia del registro de la propiedad, que nació con la citada Ley Hipotecaria en 1861. Obviamente, la Iglesia tenía propiedades con mucha anterioridad a ese año, y muchas no han figurado nunca en ningún registro. Se puede leer más sobre este tema en este artículo.
El digital de Cacho omite toda mención a la aportación de la Iglesia al Estado
Por supuesto, en el sectario panfleto que firma la señora Arroyo Vozpópuli no dice ni pío sobre los miles de millones de euros que le ahorra la Iglesia al Estado con sus obras sociales, obras que tendrían un coste mucho más elevado si las administraciones públicas tuviesen que hacerse cargo de ellas. Personalmente ya estoy hasta las narices de que medios cristianofóbicos presenten a la Iglesia como un órgano parásito cuando precisamente muchos miles de españoles no se están muriendo de hambre o frío por la ayuda que reciben en las sedes de Cáritas y en las parroquias que hay por toda España. Que ciertos medios sientan una especial inquina contra la Iglesia es cosa suya, pero caer tan bajo ya resulta asqueroso. Por mi parte, y visto lo visto, ya sé a qué medio no acudir cuando quiera encontrar información rigurosa y digna de confianza.
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