¿Por qué mantener la exención del IBI a los edificios religiosos católicos?

Los argumentos son sencillos, como todos los que nacen del puro sentido común, que es el aplicado por el Ayuntamiento de Madrid al explicar por qué, aún cambiado leyes y acuerdos, mantendrá la exención.
REDACCIÓN HO.- Aunque se cambie la Ley de Haciendas Locales y los Acuerdos con la Santa Sede, el Ayuntamiento va a seguir sin cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios religiosos en nuestra ciudad, porque entiende en primer lugar, como es de razón, que la prestación social de la Iglesia Católica en tiempos difíciles como los que vivimos merece algún reconocimiento, y este pasa por mantener la exención del gravamen. Un argumento sencillo, como lo son todos los que nacen del puro sentido común.
Pero es que además no se trata sólo de los edificios de la Iglesia Católica, como maliciosamente se intenta vender desde las tesis laicistas: tampoco pagan el IBI los de las otras confesiones religiosas, ni tampoco las embajadas, los edificios considerados Bienes de Interés Cultural (BIC), como el Hotel Ritz o el Palace, los ministerios, cuarteles, comisarías, colegios o guarderías…
Todo ello supone un montante que alcanza unos 112 millones de euros anuales que el Ayuntamiento deja de percibir. De ellos, sólo cinco millones corresponderían a la Iglesia Católica.
Además, no es algo que pueda cambiar el Consistorio, porque obedece a una norma incluida en la Ley de Haciendas Locales, que tendrían que modificar las Cortes Españolas. Asimismo, con lo que respecta a la Iglesia Católica, existen los acuerdos internacionales con la Santa Sede, en donde se contempla esta exención.
Aún así, en el caso de que se modificaran la ley y estos acuerdos con carácter general para todos los ayuntamientos de España, el Ayuntamiento seguiría sin aplicar el cobro del IBI a los edificios de la Iglesia Católica, según reiteraba hoy el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, recordando lo manifestado por Ana Botella:

“En el caso de que se produjese una modificación de la Ley de Haciendas Locales, en el caso de que se produjese una modificación de los acuerdos que tiene suscrito el Reino de España con la Santa Sede, en el sentido de dar posibilidad a los ayuntamientos para cobrar el IBI, la alcaldesa de Madrid ya manifestó que el Ayuntamiento de Madrid no plantearía el cobro a la Iglesia Católica”.

Y Villanueva exponía las razones: la función social que desempeña la Iglesia, las prestaciones que realiza de forma gratuita y desinteresada y que ha tenido que redoblar en tiempos de grave crisis como la que padecemos, asistiendo a muchas familias y miles de madrileños en riesgo de exclusión social, respecto a las cuales estos cinco millones de euros apenas son una pequeña muestra de compensación o de reconocimiento. Así lo decía Villanueva:

“El gobierno de la ciudad de Madrid tiene en consideración precisamente la labor social de la Iglesia, que en estos momentos de crisis económica, en la ciudad de Madrid, créanme que se ha redoblado de una forma extraordinariamente importante".

En cualquier caso, el consistorio ha dejado claro que no tiene intención de pedir al Ejecutivo modificación alguna de la Ley de Haciendas Locales en este sentido.

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