China convierte una aldea entera en una prisión para contener a un activista provida

La dictadura comunista intenta evitar que el conocido disidente ciego Chen Guangcheng, que ya ha padecido la cárcel comunista por su activismo antiabortista, se desplace libremente por el país.

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REDACCIÓN HO / LifeSiteNews.com .- Las autoridades chinas han convertido la aldea entera de Dongshigu en una prisión, para evitar que Chen Guangcheng, un disidente antiabortista ciego, se desplace libremente por el país, según informa la revista francesa Liberation.
“La pintoresca aldea, situada cerca de una autopista nacional, podría asemejarse a miles de otras aldeas en esa parte del noreste de China. Sin embargo, nadie está autorizado a entrar en Dongshigu, ni comunicarse con sus habitantes”, relata el corresponsal de Liberation en China, Phillipe Grangerou. “Todas las líneas telefónicas fueron cortadas hace meses. La antena del servicio local de telefonía móvil ha sido desconectada, y se han colocado alrededor del perímetro seis cámaras de vigilancia”.
Además de la interrupción de las comunicaciones y de la vigilancia electrónica, la ciudad está custodiada por cerca de cuarenta hombres armados y vestidos con atuendo militar, que mantienen un puesto de control para las pocas personas que se les permite entrar y salir. “Este grupo de hombres nos aterroriza a todos. Han sido enviados por el comité del Partido [Comunista] de la provincia, por eso no hay nada que se pueda hacer respecto a esto”, declara un habitante.
Según Grangerou, la sofisticada operación de seguridad que rodea la ciudad de Dongshigu existe con el único propósito de prevenir cualquier contacto entre Chen y el mundo exterior. Chen y su esposa viven bajo arresto domiciliario dentro de su residencia, y a la única persona que se le permite entrar o salir es un pariente de edad, a quien se le concedió el privilegio sólo para hacer compras de menor importancia para el hogar.
Los problemas de Chen provienen su decisión, en 2005, de plantear una demanda contra el gobierno provincial local por permitir miles de abortos y esterilizaciones forzados contra la población, una práctica que es común en China como medio para hacer cumplir la “política nacional de un solo hijo”.
Con esta política, el gobierno chino solamente permite a los habitantes urbanos tener un solo hijo, y a los habitantes rurales dos, en un intento por frenar el crecimiento poblacional. Los que violan la ley son castigados con penas severas, que incluyen el aborto y la esterilización forzados, así como la confiscación de la propiedad y multas masivas. Aunque el gobierno chino prohíbe oficialmente los abortos forzados, penaliza a los gobiernos locales que no pueden mantener controlada a la población, creando un incentivo para que ejecuten tales medidas, que rara vez son castigadas.
Aunque Chen perdió el caso, reveló su documentación a la revista Time en una entrevista efectuada en el año 2005, que llevó a su arresto domiciliario y a juicio. Después de retener a todo su equipo legal en las vísperas de los procedimientos, el gobierno chino condenó a Chen a cuatro años de prisión. Él ha decunciado que fue golpeado por otros reclusos, a instancias de los guardias, cuando insistió en plantear una apelación.
Durante su encarcelamiento, Chen acaparó una cada vez mayor atención internacional. Su caso fue condenado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y le valió el prestigioso premio Magsaysay, el equivalente asiático del Premio Nobel. Su esposa fue arrestada en momentos en que intentaba abordar un vuelo a Filipinas, para aceptar el premio en nombre de su marido, y fue puesta bajo arresto domiciliario, donde este año se reunió con su marido, después de que este cumpliera su condena.
El miedo del gobierno chino al abogado ciego que hizo un poco más que ejercer sus derechos legales en el sistema judicial de la nación refleja una actitud generalizada hacia los que cuestionan públicamente el gobierno dictatorial del Partido Comunista. Aunque el gobierno de China haya liberado gradualmente el sistema económico de la nación, dejando de lado a la gerencia socialista, la dictadura comunista continúa aplicando penas severas y arbitrarias contra los disidentes, frente a la condena internacional creciente.
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