Pero inmediatamente surge la duda: ¿la igualdad y la no discriminación no están garantizadas en la Constitución? Dice así el artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Es decir, la Constitución dice exactamente lo mismo que el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que aprobó el último Consejo de Ministros. ¿Acaso ha derogado el Gobierno socialista la Constitución y no nos hemos enterado? ¿Entonces por qué propone una ley que repite lo establecido en una norma de rango superior?
En el proyecto de ley presentado por la ministra Pajín se incorporan tres conceptos que no aparecen explícitamente en la Constitución y ofrecen la clave acerca de las intenciones últimas del Partido Socialista: convicción u opinión; orientación o identidad sexual; y sexo. Es decir: control de la información, e ideología de género.
Sostiene el Gobierno que su proyecto pretende desarrollar la Constitución. Y lo hace precisamente en esos dos últimos aspectos. En 2004, los bienintencionados tal vez hubiéramos caído en la trampa de las buenas palabras del Gobierno. A estas alturas nos conocemos ya demasiado como para convertirnos en rehenes de su doble lenguaje.
Pero hay más, tras el oscuro proyecto de control de la sociedad que oculta esta nueva norma del Gobierno Zapatero. La falsa, tergiversadora, obsesión por la igualdad del Partido Socialista es, en sí misma, discriminatoria. Y de manera especialmente grave y cruel. Lo es con las madres que, en una situación personal difícil, se encuentran en la tesitura de un embarazo ante el que carecen de recursos. No existe igualdad, a la hora de parir. Nuestro Gobierno, el campeón de la supuesta igualdad, es el Ejecutivo europeo que menos políticas familiares y ayudas a la familia y a la maternidad ha aprobado en su legislatura y media. Le cabe el indigno honor de figurar a la cola de la UE y de la OCDE.
Pero, además, la nueva norma legal que quiere aprobar Zapatero es fatalmente discriminatoria con los más de trescientos niños a los que cada día, en los abortorios españoles, se les priva de su derecho a vivir. Son los niños abortados los que necesitan urgentemente una ley de no discriminación.