La Fundación Unidad + Diversidad critica la sentencia del TC por mantener el carácter rupturista e insolidario del Estatuto catalán.
REDACCIÓN HO.- Juan de Dios Dávila, presidente de la La Fundación Unidad + Diversidad (U+D), señala en un comunicado remitido a HO que son las muchas razones por las que rechazan el fallo. Así, entienden que:
Rompe la identidad nacional: En el Preámbulo se dice “La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad”. ¿Cuál es la diferencia entre nación y nacionalidad? ¿Si el Preámbulo no tiene carácter jurídico, quiere esto decir que no tiene importancia lo que ahí se pone? Si no tuviese importancia entonces ¿porqué no suprimir ese término en el Preámbulo evitando confusiones?
Anula la soberanía del Pueblo Español: En su artículo 2 se dice: “Los poderes de la Generalidad emanan del pueblo de Cataluña” y en el preámbulo: “En ejercicio del derecho inalienable de Cataluña al autogobierno, los Parlamentarios proponen…". Por tanto, ignora el hecho histórico de que tanto Cataluña como España se han configurado gracias a la aportación de españoles procedentes de todas las Comunidades a las que ahora se les niega su derecho a la soberanía. Por otra parte hay que recordar que las Comunidades Autónomas no tienen un derecho “inalienable” al autogobierno, sino que se les ha delegado un poder para que lo ejerzan dentro de la lealtad y el reconocimiento de la soberanía nacional.
Rompe la igualdad jurídica entre los españoles: como se desprende, entre otros, del artículo 95 “El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en Cataluña, así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual fuere el derecho invocado como aplicable” y del 110 ““El derecho catalán, en materia de las competencias exclusivas de la Generalidad, es el derecho aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro”.
Rompe la unidad de mercado y laboral como se desprende entre otros de los artículos 45 “La Generalidad debe promover la creación de un espacio catalán de relaciones laborales establecido en función de la realidad productiva y empresarial específica de Cataluña…..”, y el 154 que introduce un Tribunal de la Competencia controlado exclusivamente por la Generalidad e independiente del estatal.
Fuerza a que los tratados internacionales que firme España con la Unión Europea puedan ser vetados en función de los intereses de la Generalidad como dice textualmente el artículo 186: “La posición expresada por la Generalidad es determinante para la formación de la posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas y si de la propuesta o iniciativa europeas pueden derivar consecuencias financieras o administrativas de especial relevancia para Cataluña. En los demás casos, dicha posición debe ser oída por el Estado”
Abre la puerta a la ruptura de la Unidad Fiscal, como se desprende entre otros artículos del 205 en el que se dice “Para desarrollar lo previsto en el párrafo anterior, se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria de Cataluña”
Y lo que es más grave, lleva al enfrentamiento al no reconocer la pluralidad de la sociedad catalana al imponer una política lingüística férreamente controlada por la Generalidad como dicta el artículo 143.
Estos puntos no sólo se reflejan en los artículos mencionados, sino que están explícita o implícitamente recogidos a lo largo de todo el articulado del Proyecto de Estatuto, señala la Fundación, que añade que "no se ha dado hasta el momento ninguna razón que justifique que la aprobación del actual proyecto de Estatuto suponga una España mejor, más justa y más libre. Por el contrario, una lectura del mismo indica un grave y claro perjuicio para la sociedad española en general y catalana en particular en todos los órdenes de la vida, social, económico, jurídico y cultural. Las presiones realizadas al Tribunal Constitucional tanto por el presidente Rodríguez Zapatero como por el nacionalismo son inadmisibles en un Estado de Derecho donde la independencia entre los distintos poderes garantizan la libertad, la justicia y la igualdad".
Así, la Fundación subraya que "el rechazo social al presente Estatuto está siendo manifestado por una inmensa mayoría del pueblo español en general y por la base electoral del PSOE en particular. Incluso dirigentes históricos socialistas están abogando por recuperar una izquierda que defienda la solidaridad y la justicia entre todos los españoles frente a un Estatuto secesionista que promueve el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero".
“El pueblo español no ha delegado en ningún político la ruptura de España y de su solidaridad-señala Juan de Dios Dávila, por el contrario, deben trabajar para unir y no para dividir, para hermanar y no enfrentar, en definitiva para construir lo mejor para las generaciones futuras y no romper la unidad en la diversidad que nos define y que garantiza la convivencia y la solidaridad entre todos los españoles”.
Por ello, la Fundación exige "la inmediata dimisión" de los integrantes de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, "ya que ha sido manifiesta su incompetencia al haber dado luz verde a un Estatuto al que se han declarado inconstitucionales varios artículos", si bien la Fundación Unidad + Diversidad considera insuficiente el número de artículos declarados inconstitucionales.
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