La manipulación de la eutanasia. Réplica al doctor Montes
El reciente artículo firmado por
Luis Montes y Carlos Barra ha suscitado la siguiente réplica de María
Alonso, médico de Familia e integrante del Área de Medicina de
Profesionales por la Ética, que cuestiona los planteamientos de los
anteriores, no sólo desde el punto de vista de la éitca, sino incluso
con los datos disponibles en donde la eutanasia y el suicidio asistido
está legislado.
El artículo publicado por el doctor Montes en Acta Sanitaria
(24/5/2013) pone el acento en el derecho a la autonomía hasta el punto
de considerar que, si un paciente indica que su vida no merece ser
vivida, por el respeto a esa persona los médicos deben ayudarle a morir
como parte de sus funciones asistenciales; sin embargo, este tipo de
"actividades" no constituyen actos propiamente médicos y son contrarios a
la deontología profesional, al atentar directamente contra la vida de
las personas.
Es una manipulación indicar que la Ley de Autonomía
del Paciente refleja la posición que se sostiene en dicho artículo.
Esta Ley considera que la atención al final de la vida debe ser similar a
lo que se hace ante pacientes que solicitan cuestiones inadecuadas o
contraindicadas en la práctica clínica, y por la especial sensibilidad
de esta etapa, lo delimita indicando que no todas las instrucciones
previas de los pacientes pueden ser aceptadas, estableciendo con
claridad límites a las mismas (art. 11.3 : "no se atenderán
instrucciones previas que sean contrarias al ordenamiento jurídico y a
la lex artis"). Por cierto, el anteproyecto de ley nacional que
afortunadamente fue paralizado en 2011 por su claro tinte eutanásico,
preveía derogar este trascendental artículo de la ley de autonomía del
paciente que vela por la buena práctica clínica y la deontología
profesional.
También la mención de Montes a las leyes
autonómicas de "muerte digna" carece de rigor y es manipuladora, porque
textualmente, sobre el derecho a renunciar a un tratamiento, la ley dice
"aunque ello pueda poner en peligro su vida", que es muy distinto de lo
que ha escrito "aunque ello conduzca a la muerte". Porque una cosa es
que, al renunciar a un tratamiento, se pueda acortar la vida
indirectamente (como en el caso de la negativa a una quimioterapia,
falleciendo el paciente de muerte natural asistido con los cuidados
básicos) y otra muy distinta es lo que Montes interpreta como renuncia a
un tratamiento aunque conduzca directamente a la muerte, según indica,
para aquellos pacientes que estiman que su vida no tiene sentido,
justificando la retirada de la alimentación e hidratación necesarias
para vivir.
Precisamente sobre las leyes autonómicas de "muerte
digna" se ha afirmado que dan cabida a actuaciones de eutanasia
encubierta, a través de esta interpretación y al otorgar un ilimitado
derecho de autonomía. Merece ser recordado el primer caso de eutanasia
encubierta amparado en la Ley de "muerte digna" de Andalucía, en el que
se retiró a una paciente la alimentación a petición de su hijo en contra
del criterio de los médicos que la atendían, por orden de la Junta de
Andalucía, (caso Ramona Estévez, 2011). Este hecho ha puesto en
evidencia la necesidad de revisar y revertir esta ley autonómica.
Por otra parte, las opiniones de Montes contradicen
la Resolución 1859 (2012) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa en su art. 7.4. que también establece el rechazo a instrucciones
previas contrarias a las buena praxis médica. En ningún caso puede
hablarse de establecer un "derecho a morir".
Sobre los datos del CIS 2002, en los que el 59,9 %
de los médicos están a favor de la eutanasia, lo que se muestra es que
se está priorizando la libertad de decisión individual, propio de
nuestra cultura. Sin embargo, es rechazable que estos datos sean
utilizados por una asociación que entre sus fines está la promoción
activa de la eutanasia y se presenten para promover un cambio de
pensamiento. Lo razonable es que estas cifras motiven al análisis
exhaustivo de lo que conlleva socialmente la eutanasia y el suicidio
asistido. Los datos oficiales y los análisis que ofrecen las propias
Comisiones de los países que la tienen legalizada son hoy una
herramienta de reflexión al alcance de todos. En 2002 en España
estábamos lejos de analizar esos datos, actualmente con más información,
las opiniones pueden haber cambiado al ampliarse los elementos de
juicio.
Uno de los argumentos más importantes que se
utilizan en contra de la legalización de la eutanasia y el suicidio
asistido es el de la progresiva ampliación de supuestos: se inicia para
casos excepcionales, basándose en la defensa de la libertad individual y
en escaso tiempo se extiende a supuestos mucho más amplios. Montes
resume esto como "argumentos del miedo", trivializando ese proceso. Pero
son precisamente los "hechos", que Montes pretende genéricamente usar a
su favor, pero sin concretar nada, los datos objetivos oficiales que
tanto están alarmando por su efecto expansivo y que suponen uno de los
mejores modos de analizar lo que está suponiendo para esas sociedades la
legalización de la eutanasia.
Así, Suiza en 2006 inició la aceptación legal del
suicidio asistido "solo para enfermedad incurable o mortal a corto
plazo"; en 2007 se amplía a personas con enfermedades psiquiátricas;
en 2012 se obliga ya, en el cantón de Vaud, a los centros públicos a
realizarla cuando sea solicitada y en 2013 una sentencia facilita la
ampliación a supuestos de personas sanas que no padecen enfermedad
terminal, por simple deseo de la persona, aceptándose así en la práctica
simplemente por "sufrimiento vital", concepto general e impreciso, que
escapa a cualquier control.
En Bélgica, de 2002 a 2012, el número de casos
declarados pasó de 232 a 1.432 (European Institute of Bioethics, abril
2012). Y en 2012 aumentaron los casos un 25% respecto a 2011. En 2003,
ya en el primer aniversario de la ley, según los datos de la Comisión de
control y evaluación de esta práctica, sólo se declararon 200 casos
aunque se estimaba que se produjeron hasta 500 muertes asistidas
(eutanasias no informadas).
En 2010 se documentaron eutanasias no solicitadas
(informe del Canadian Medical Association Journal). 120 enfermeras
belgas de 248 admitieron haber aplicado la eutanasia sin petición del
paciente. Las que así actuaron -sin consentimiento del paciente- eran
casi la mitad de las que habían participado en algún caso de eutanasia.
En 2012, el Parlamento belga debate la ampliación para eutanasia de
menores y pacientes con Alzheimer. Se suceden casos en personas no
terminales (gemelos belgas, 2013) y el Parlamento se plantea ampliar las
definiciones para dar cabida a más casos, claro ejemplo de pendiente
deslizante.
En Holanda la tendencia es parecida: se duplicó en 5
años y a los 10 años creció un 73% (The Lancet,11 julio 2012), con unas
2.500 eutanasias anuales. La mayoría de los casos de eutanasia no son
declarados: el procedimiento de notificación no cumple su papel de
control (informe del Fiscal general del Estado holandés que garantizó el
anonimato e impunidad judicial a los médicos a cambio de información
sincera). Está aceptada la eutanasia sin consentimiento del paciente
(1.000 casos anuales desde 1990, misma fuente oficial), se abrió la
puerta a los pacientes psiquiátricos (2010) y a los menores, estando
documentados los casos de eutanasia sin consentimiento de sus padres
(desde 2001). En 2011, la Asociación de médicos holandeses redefinió el
concepto de sufrimiento manifestando que el sufrimiento "voluntario y
duradero" no deberían ser los únicos criterios para aceptar la
eutanasia. Desde el 2012 una empresa privada proporciona ya la eutanasia
a domicilio.
También es una realidad la emigración de ancianos
de esos países por temor a los ingresos hospitalarios, los traslados de
vivienda habitual a países cercanos que no tienen esa legislación, así
como la existencia de Asociaciones de Pacientes Holandeses y la
Fundación Santuario, que distribuyen "pasaportes para la vida", que los
pacientes llevan consigo pidiendo que en caso de urgencia médica no se
ponga fin a sus vidas, por la desconfianza y el peligro real
generados. Estos datos hablan, por sí solos, de que estas leyes nos
afectan a todos, no quedan contenidas en un contexto privado.
Y por eso, este mismo año, Irlanda acaba de
ratificar el veto al suicidio asistido como "protección a los más
vulnerables de la sociedad, que podrían no ver otras opciones cuando se
consideran una carga para sus familiares o la sociedad". No es una
cuestión de libertad individual: la ley es coaccionadora para los demás,
afecta a todos.
Con sarcasmo, se indica también en el artículo
comentado que los "argumentos del miedo" llegan a hablar de que se
generará desconfianza hacia los médicos. ¿No parece probable?: el
fallido anteproyecto nacional de ley de "muerte digna" 2011,
proeutanásico, contemplaba que el personal sanitario pudiera tener el
poder último de decidir cómo y cuándo indicar sedaciones o retiradas de
soportes vitales que conduzcan al proceso de morir (al poder incapacitar
de hecho a un paciente si tuviera "dificultades para comprender la
información que se le suministra", lo cual es bastante común tratándose
de un enfermo terminal).
La experiencia de los países con aprobación del
suicidio asistido y eutanasia lo confirman, pues al otorgar al médico el
poder de acabar con la vida del paciente, éste ya no puede estar seguro
de qué papel juega el médico.
En este sentido, la propia Comisión de Control de
Bélgica (2012) reconoció la incapacidad de conocer el número real de
eutanasias y la impunidad de los médicos de este modo: "Legalizado
inicialmente bajo estrictas condiciones se ha convertido en un acto
normal e incluso ordinario .../...El silencio por parte del
establishment político ha dado lugar a una sensación de impunidad por
parte de los médicos implicados y una sensación de impotencia por parte
de aquellos preocupados por cómo están evolucionando las cosas".
La sobrevaloración de la autonomía como bien
supremo hace flaco favor a las propias personas y supone una fuente de
conflictos morales y éticos: la autonomía ilimitada, quedaría por encima
de toda ética, obligación y deber.
Finalmente, sobre la argumentación de la sacralidad
de la vida, que el artículo comentado considera obsoleta e irrisoria
para la modernidad, merece comentarse que las sociedades se hicieron más
humanas, más civilizadas, cuando tomaron conciencia del valor supremo
de la vida. Por ese motivo prohibieron la pena de muerte, dejaron nacer a
los niños con problemas, se preocuparon por sus ancianos, se
defendieron unos a otros y crearon leyes de protección social. Todo ello
contribuyó a reforzar el sentido de la dignidad de cada persona humana
desarrollando iniciativas para el cuidado de los más vulnerables. Lo
contrario, desestimar el carácter sagrado de cada vida humana, conlleva
el gérmen de la deshumanización y la violencia junto con la indiferencia
ante el sufrimiento de los más débiles.
Por
otro lado, se ha constatado que, en los países con suicidio asistido y
eutanasia legal, las consultas a los Cuidados Paliativos se reducen
notablemente. En Bélgica, los equipos de Cuidados Paliativos sólo fueron
consultados en un 9% de los casos necesarios (Pereira J, Current
Oncology, 2011).
Respecto a esto es esperanzador saber que los
Cuidados Paliativos ahorran dinero a los Estados (un 30%) y las
encuestas de satisfacción otorgan más puntuación cuando se ofrecen
Cuidados Paliativos (OCU, 2011). Tan negativo es no dejar a la gente
morirse cuando le corresponde con obstinaciones terapéuticas, como
provocar su muerte antes de tiempo.
Ésta es nuestra deontología profesional, que
conlleva la responsabilidad de desarrollar las mejores respuestas
efectivas, eficaces y verdaderamente humanizadoras ante aquellos
pacientes que lo que no desean es seguir viviendo en las situaciones
provocadas por su enfermedad.
María Alonso es Médico de Familia y miembro del Área de Medicina de Profesionales por la Ética
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En las últimas fechas hemos tenido que soportar una cantinela de mentiras
sobre las cuentas de la Iglesia, que se repiten cada cierto tiempo y
que quizá este año se han visto recrudecidas por la voz alta y firme que
mantiene la Iglesia católica en defensa del derecho a la vida, cuando
se debate sobre la reforma de la ley del aborto, o de la libertad
educativa, en plena presentación de la LOMCE. El PSOE ha encabezado las
amenazas por esta expresión libre de los católicos ejerciendo su derecho
a participar en la vida pública, amenazando -ahí están las 
A
través de las aportaciones que libremente realizan los contribuyentes
españoles marcando la "X" de la Iglesia Católica en su declaración del
IPRF, los obispos hacen casi milagros: por cada euro que reciben,
producen 2,39 euros: 
Ese dinero se destina fundamentalmente a las tres actividades que realiza la Iglesia: anunciar la buena Noticia del Evangelio en el mundo; a vivir la fe (en la Memoria hay muchos datos sobre los cerca de diez millones de personas que asisten a Misa cada domingo o los cerca de 300 mil niños que se bautizan cada año) y la inmensa labor asistencial que desempeña la Iglesia en nuestra sociedad, labor que se desarrolla en el ámbito educativo, asistencial a colectivos en dificultad, etc., una labor transparente que cualquiera puede conocer si se acerca a cualquiera de las 6 mil Cáritas parroquiales que hay en toda España.