El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado
martes, un decreto en virtud del cual, la Junta podrá expropiar
temporalmente viviendas para evitar desahucios.
La aparente filosofía que inspira ese decreto, no puede ser más
encomiable. ¿Quién puede estar a favor de que a nadie le quiten su
vivienda y le pongan en la calle? Muy desalmado hay que ser para no
estar en contra de lo que sin duda es una gravísima fractura social. Es
cierto que es necesario arbitrar soluciones a un problema tan delicado
como complejo, teniendo en cuenta que no todos los casos son iguales.
Sin embargo, no parece que sea esta la forma más adecuada, ya que la
misma hace dudar muy seriamente de su constitucionalidad.
Por de pronto, el alcance del Decreto, que rompe el principio de
inviolabilidad de la propiedad privada, y con la única excepción de
Braulio Medel, presidente de Unicaja, no ha sido consensuado previamente
con los agentes sociales, ni las entidades financieras, a pesar de que
la izquierda acostumbra a reclamar siempre diálogo y consenso… cuando se
trata de iniciativas de la derecha.
Esta actitud demuestra que ellos creen, o creen que creen, que están
ungidos con el derecho moral a gobernar siempre y por eso no tienen que
consensuar nada, mientras que si, como en el caso actual, está en el
poder la derecha por abrumadora confianza otorgada por ese pueblo que
tanto instrumentalizan, lo consideran como una eventual tolerancia
magnánima por su parte, pero siempre que la derecha haga una política de
izquierdas. De lo contrario se bordea o se desacata la ley y además se
sacan las hordas extremistas a la calle.
El ministerio de Justicia tiene fundadas dudas de la
constitucionalidad de este Decreto de la Junta de Andalucía y por ello
ha encargado un informe a la Abogacía del Estado, con el fin de ver si
existe base jurídica para presentar un recurso ante el Tribunal
Constitucional.
De hecho, es esta una medida de claro corte comunista, al estilo de
las que antiguamente se promulgaban en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas o de las que se aplican ahora en Cuba, Bolivia o
Venezuela. Seguramente no les suena a ustedes extraña la frase que
pronunciaba Hugo Chávez: “¡Exprópiese!”.
Así se dará la paradoja de que un tribunal decreta un desahucio y la
Junta desacata la acción de la justicia con una expropiación para pagar
la vivienda —caso de que lo paguen— con el dinero de los impuestos de
aquellos que a su vez están pagando religiosamente su hipoteca. ¡Viva
Andalucía libre!… pero subvencionada, que es un modo de seguir
garantizándose el voto y seguir manteniendo a una comunidad en la más
dura sumisión, que es una forma de seguir siendo esclavos. Esa libertad
de la que tanto se alardea, jamás se conseguirá con subvenciones, sino
mediante la excelencia en la formación, que es lo que crea un
pensamiento libre e independiente y como consecuencia de ello, progreso,
que es lo que genera puestos de trabajo.
De las explicaciones dadas por la Consejera del ramo, se observan no
pocos puntos inquietantes en relación con esta medida. Por ejemplo se
aplicará la misma cuando el desahucio pueda constituir una amenaza para
la salud física o psíquica de las personas. ¿Recuerdan ustedes que uno
de los supuestos para abortar, que figuraban en la Ley de 1985,
contemplaba el riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer
embarazada y que al final resultó un coladero bajo el que se llegó a la
barra libre para abortar? Bueno pues lo mismo puede resultar el supuesto
que en el decreto se cita para las expropiaciones.
Cierto es que, de momento, el Decreto solo se refiere a los inmuebles
que tengan inventariados las inmobiliarias y entidades financieras,
pero recordemos la cita del pastor luterano alemán Martin Niemoeller
—que no de Bertolt Brecht— “Primero vinieron a por los comunistas, pero
yo no era comunista, no alcé la voz. Luego vinieron a por los
socialistas y los sindicalistas, pero, como yo no era ninguna de las dos
cosas, tampoco alcé la voz. Después vinieron a por los judíos, y como
yo no soy judío, tampoco alcé la voz. Y cuando vinieron a por mí, ya no
quedaba nadie que alzara la voz para defenderme”. Si ante lo que no es
otra cosa que un atropello a la legalidad; una operación populista de
imagen, todos callan, no habrá lugar a quejarse, si mañana, alguien
llama a la puerta para perpetrar lo mismo que hoy se intenta hacer con
las entidades afectadas.
Preguntada sobre qué pasará una vez que finalice el plazo de tres
años de expropiación, la Consejera respondió que espera que en ese
momento haya un Gobierno de la Nación “capaz de paralizar los
desahucios” y que permita el derecho humano a la vivienda. En el caso de
que ello no ocurra, la consejera no ha descartado que el plazo de
expropiación pudiera llegar a ampliarse.
De esta respuesta se desprende que la medida forma parte de la
campaña desencadenada por la izquierda en contra del Gobierno
abrumadoramente elegido por los españoles y que sin duda,
implícitamente, alentará las actividades de acoso y persecución a los
miembros y familiares de los diputados del partido gobernante,
acosadores a los que por cierto cabe preguntarles ¿Dónde estaban cuando
la ex ministra socialista de la vivienda Carmen Chacón, impulsó la
inhumana Ley que ahora facilita el que a una familia la puedan poner en
la calle?
Los socialistas andaluces, prisioneros de los comunistas por su
alianza de gobierno, con medidas como esta, han entrado en la deriva por
tratar de desestabilizar, cuanto más mejor, la situación del país.
Con políticas expropiatorias de corte comunista ¿Quién se atreverá a
invertir en Andalucía? De continuar por esta senda, los andaluces no
tardaremos en tener la renta per cápita de Corea del Norte, y los
gerifaltes de la izquierda en el poder, la de los jeques de Arabia
Saudí. Que mala es la ignorancia…
http://blogs.hazteoir.org/opinion/2013/04/16/%C2%A1expropiese-por-cesar-valdeolmillos/