(...) Desde 1976 el funcionariado ha aumentado 4 veces más que la población
El problema de España es que nos hemos metido en una trampa de la que va a ser muy difícil salir.
Para que nos hagamos una idea, en 1976 España tenía 35,7 millones de
habitantes. De ellos, 1,3 millones eran empleados públicos, es decir, el
3,6% de la población. Ahora España tiene 47,1 millones de habitantes, y
de ellos 3,1 millones son empleados públicos: el 6,5% de la población. En
resumidas cuentas: desde 1976 la población española ha crecido un
31,9%, y el número de empleados públicos ha aumentado 4 veces más: un
138%. La mayor parte de este incremento se debe a las
comunidades autónomas, para las que trabaja la mitad de los empleados
públicos que hay en España. El sorprendente incremento del funcionariado
en España destapa un hecho preocupante: lo que ha aumentado el peso del
Estado en nuestra sociedad, toda una paradoja si tenemos en cuenta que
la situación previa era un régimen dictatorial, un modelo asociado
generalmente a un mayor control estatal de la sociedad. A esto hay que
añadir que en las últimas décadas ha vivido un auge espectacular la
informática, que en muchos ámbitos ha hecho que se requiera menos gente
para hacer el mismo trabajo que antes. No parece que uno de esos ámbitos
haya sido el Estado, al menos en el caso español.
Un daño difícil de reparar y que requerirá un cambio de mentalidad
Por supuesto, hay servicios que presta el Estado que son esenciales.
Cabe preguntarse, sin embargo, qué parte de ese brutal aumento del peso
del Estado en España se debe no a un necesario incremento de las
plantillas de la Policía, la sanidad, los bomberos, etc., sino a un innecesario incremento de la burocracia a distintos niveles: nacional, provincial, local y sobre todo autonómico
(ya he apuntado que para las comunidades autónomas trabaja la mitad de
los empleados públicos que hay en España). Resolver este desaguisado va a
ser muy complicado, pues como acabo de exponer, el mero despido de
empleados públicos no implica que el Estado se ahorre un dinero
equivalente al importe de sus sueldos. El daño ya está hecho y será
lento y difícil de reparar, pues requeriría, entre otras cosas, una
reformulación del modelo de Estado que simplifique la estructura de las
administraciones públicas. No hay, desde luego, soluciones mágicas como
despedir inmediatamente a cientos de miles de funcionarios, a menos que
queramos batir mes a mes récords mundiales de paro.
En lo tocante a los empleados públicos, La solución tendrá que ser gradual y a medio y largo plazo,
empezando por un paso indispensable: dejar puestos sin cubrir a medida
que se agoten los contratos o se jubilen los empleados públicos en
ciertas áreas no esenciales, y aumentar los niveles de exigencia y el
control en determinados ámbitos de la administración que habían bajado
mucho el listón. En resumidas cuentas, nuestra sociedad tiene que abandonar la idea de que ser funcionario es un chollo,
algo que además se aplicaba a determinadas plazas, pues en muchos casos
-Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, etc.- tal empleo no es un
chollo ni por asomo; antes bien, es una labor vocacional que implica
muchos sacrificios.
El Estado también tendrá que ir eliminando trámites y estamentos burocráticos que hoy en día suponen una losa para la actividad económica del sector privado,
sin cuyo crecimiento todo empeño por generar empleo es inútil. Cuando
se eliminen esos trámites no será un problema que los puestos que los
cubrían queden vacantes, pero esto implicará, también, que dejemos de
pensar en un “Papá Estado” dispuesto a hacerse cargo de todo, porque eso
sale caro, muy caro. Obvia decir que es imprescindible en estos
momentos que el gobierno prohiba toda nueva contratación de asesores
públicos y otros cargos de confianza, eliminando además todos
los que sobran en la actualidad. Me parece tremendamente injusto que se
carguen los recortes a los empleados públicos que hacen bien su trabajo y
a los que hacen un gran servicio a la sociedad -especialmente policías,
guardias civiles, sanitarios, bomberos o militares, que asumen enormes
sacrificios y riesgos en su vida laboral-, mientras hay asesores que
reciben un sueldo por no hacer nada. Esto también es aplicable a los liberados sindicales.
¿Cómo salir de esta trampa?
Por otra parte, la única forma de recolocar a empleados públicos
despedidos sería que los absorbiese el sector privado, pero con más de
cinco millones de parados eso resulta difícil. Para generar
riqueza y trabajo en España se requieren las mismas condiciones que en
otros países, empezando por la seguridad jurídica, libertad económica y
un marco fiscal que no saquee a los sectores productivos para sostener
un Estado elefantiásico. Esto implica establecer normas más
rigurosas contra la corrupción política e institucional y llevar ante la
justicia a quienes han dejado el país en la ruina: no pueden quedar impunes los políticos que contribuyeron con su negligencia a esta situación.
La corrupción es muy desmotivadora para los ciudadanos, supone un serio
agravio para los funcionarios que sí cumplen con su obligación y
destruye la confianza en los inversores. Un indicio de esa corrupción es
el hecho de que se cargue sobre los menos pudientes el peso de los
recortes y las subidas de impuestos mientras no ha pasado aún ningún
político por el banquillo. No se le puede pedir sacrificios a la población mientras la clase política elude toda responsabilidad sobre sus actos.
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