La Ministra de Sanidad Leire Pajín ha iniciado la semana pasada las acostumbradas maniobras políticas para intentar sacar adelante el proyecto socialista de ley de “muerte digna”. Tras mantener reuniones con representantes de la Organización Médico Colegial, Consejo General de Colegios de Enfermería de España y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el viernes aseguró en Zaragoza, según ha informado la agencia oficial EFE, que “en pocas semanas se presentará el borrador de la nueva norma que garantizará muerte digna a los pacientes”.
“Una ley -afirmó la Ministra- que pretende ser consensuada con todos los sectores, incluidos los colectivos cristianos” (¿se intentará otra “operación FERE”, similar a la de EpC?). El objetivo de la nueva ley, aclaró también, será “garantizar seguridad a los profesionales del sistema sanitario“, pero, sobre todo, “aliviar el dolor” y “respetar la voluntad” de las persona que sufren una enfermedad irreversible, cuyos derechos se pretende proteger.
Los argumentos son, casi literalmente, los mismos que se utilizaron para impulsar la reciente Ley del Aborto de 2010. Y más allá de la insistencia en que “no se trata de una ley de eutanasia”, la referencia expresa de Pajín al caso de Andalucía dejá bien a las claras cuál es el modelo del Gobierno. Una atrocidad como la de la italiana Eluana Englaro, a la que en 2009 se privó de alimentación por decisión de su padre, sería legal en España.
Mientras esto ocurre en España, la agencia internacional Zenit informaba el miércoles de algunos datos del llamado “modelo belga” de muerte asistida. Según un estudio publicado en el Canadian Medical Association Journal (CMAJ), el 32% de los casos de “muerte asistida” en la región de Flandes es aplicada sin la petición o consenso del paciente. En más de la mitad de estos casos -el 52,7%- la persona a la que se aplica la eutanasia sin su petición, tenía 80 años o más.
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