(...) "Esto trajo como inmediata consecuencia la profesionalización de la clase política que dejó de ser vocacional y que, lejos del deseo de servir al Estado gratuitamente y por el alto honor que ello significa, pasó a convertirse en lo ahora conocido como "la casta parasitaria", preocupada exclusivamente en el mangoneo y en el enriquecimiento en el mínimo de tiempo. Buen ejemplo son sus mansiones de Palma de Mallorca, Londres, Santo Domingo, la Costa Azul, y en tantos otros lugares dentro y fuera de España de los que la prensa nos va informando día a día producto, además de sus escandalosas nóminas, de sus maquinaciones, comisiones ilegales, y fraudulentas recalificaciones de solares.
Para asegurar nuestra afluencia a las urnas que les legitime en sus cargos, llevan a cabo una calculada serie de medidas encaminadas a dividir a la sociedad y mantener la tensión entre dos bloques irreconciliables.
Los efectos de su disparatada gestión y el expolio a que han somedido las arcas del Estado hacen que la crisis sea particularmente grave en España, quizá mucho más que en ningún otro país del mundo, y no creo en absoluto exagerar -y los hechos me darán la razón-, si aseguro que es comparable a la situación de un buque desarbolado y en el ojo de un huracán. Tan solo un milagro puede salvarnos. Nuestro problema particular es la falta de recursos humanos, de jóvenes y niños que no han nacido, tan necesarios para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones y de la seguridad social. Pero ahora nos encontramos que, en el mejor de los casos, no podrán percibir la jubilación los nacidos después de 1965. Para paliar este desastre, opinan los expertos, que ahora mismo necesitaríamos la aportación de nueve millones de niños en relevo de otros tantos jubilados.
Se entiende perfectamente la quiebra del Estado incapaz de hecer frente a los cuantiosos gastos que representan los ocho millones de jubilados, tres millones de funcionarios, cuatro millones y medio de parados, trecientos mil liberados sindicales, y ochenta mil políticos profesionales, amén de los altos cargos, y personal en cursos de formación. La balanza tratan de equilibrarla mediante la subida de impuestos, la congelación de las pensiones, y la bajada de sueldos al personal funcionario. Mención aparte merecen los ingresos obtenidos mediante las multas de tráfico, justificadas por la alta siniestralidad en las carreteras. Pero tal preocupación por la integridad física de los ciudadanos se desvanece al compararla con el creciente número de suicidios, es decir, con las personas que abrumadas ante una situación adversa deciden quitarse la vida. La última estadística hecha pública y referida al año 2007 registra 3.263 suicidios frente a 2.740 muertos en accidentes de tráfico".(...)
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