El sindicato ANPE pide que se extienda a nivel nacional.
REDACCIÓN HO / EUROPA PRES.-El sindicato ANPE ha aplaudido hoy la Ley de Autoridad del Profesor, aprobada ayer jueves por la Asamblea de Madrid, y asegura que es un "paso en el reconocimiento de la labor docente", al tiempo que insiste en que en la necesidad de no quedarse "aquí" y apostar por un reconocimiento a escala nacional.
Así lo explicó el presidente de ANPE, Nicolás Fernández, quien recordó que además de la Comunidad de Madrid, Valencia ya tiene en marcha otra normativa similar; en Cataluña, con su Ley de Educación se reconoce la autoridad a los directores; y en La Rioja y Extremadura hay dos iniciativas legislativas.
"Es necesario que la autoridad se reconozca en todo el ámbito estatal y esperemos que llegue muy pronto porque es una demanda muy grande que no tiene marcha atrás", apuntó Fernández, quien añadió que a pesar de que ya se han celebrado juicios donde se ha reconocido que una agresión a un profesor es un atentado contra la autoridad, "no se pueden quedar en este plano".
Añadió que hay que continuar apostando por un reconocimiento de la autoridad "magistral", y destacar la capacidad de los profesores para tomar decisiones académicas, en referencia a la "libertad de cátedra". "Ahora se están dando buenos pasos en esta dirección, y hay que ir más allá de la autoridad moral", apuntó.
"La Ley de Autoridad de la Comunidad de Madrid otorga protección no sólo a los funcionarios docentes sino también a los de los centros privados y concertados y en cuanto a los afectos que puede tener, no tiene por qué haber ninguna colisión jurídica", apuntó, no obstante.
El presidente de ANPE recordó que el Código Penal ya da una valoración de autoridad a lo que son funcionarios públicos pero también extiende esta consideración a figuras como los concejales, que no lo son, por lo que no tendría que haber ningún problema a la hora de poder otorgar dicha autoridad (cuando se busca el "atentado") a los profesores de la privada.
Sin embargo, reconoció que en el panorama actual, con leyes en distintas comunidades autónomas además de la presencia del Código Penal, sí que se puede producir "alguna disfunción en cuanto a la aplicación de las leyes en el plano legal". "Por eso nuestra preocupación es insistir en que debe ser una normativa a nivel estatal a la que exigir los contenidos y los límites de la consideración de autoridad", apostilló.
REDACCIÓN HO / EUROPA PRES.-El sindicato ANPE ha aplaudido hoy la Ley de Autoridad del Profesor, aprobada ayer jueves por la Asamblea de Madrid, y asegura que es un "paso en el reconocimiento de la labor docente", al tiempo que insiste en que en la necesidad de no quedarse "aquí" y apostar por un reconocimiento a escala nacional.
Así lo explicó el presidente de ANPE, Nicolás Fernández, quien recordó que además de la Comunidad de Madrid, Valencia ya tiene en marcha otra normativa similar; en Cataluña, con su Ley de Educación se reconoce la autoridad a los directores; y en La Rioja y Extremadura hay dos iniciativas legislativas.
"Es necesario que la autoridad se reconozca en todo el ámbito estatal y esperemos que llegue muy pronto porque es una demanda muy grande que no tiene marcha atrás", apuntó Fernández, quien añadió que a pesar de que ya se han celebrado juicios donde se ha reconocido que una agresión a un profesor es un atentado contra la autoridad, "no se pueden quedar en este plano".
Añadió que hay que continuar apostando por un reconocimiento de la autoridad "magistral", y destacar la capacidad de los profesores para tomar decisiones académicas, en referencia a la "libertad de cátedra". "Ahora se están dando buenos pasos en esta dirección, y hay que ir más allá de la autoridad moral", apuntó.
Los jueces deciden
Preguntado por el hecho de que la nueva normativa contemple la autoridad para todos los profesores, incluidos los de la educación de iniciativa social y concertada, Fernández, en declaraciones a Europa Press, indicó que el problema, en el caso de que lo haya, puede llegar en el ámbito penal, donde los jueces serán los que decidan."La Ley de Autoridad de la Comunidad de Madrid otorga protección no sólo a los funcionarios docentes sino también a los de los centros privados y concertados y en cuanto a los afectos que puede tener, no tiene por qué haber ninguna colisión jurídica", apuntó, no obstante.
El presidente de ANPE recordó que el Código Penal ya da una valoración de autoridad a lo que son funcionarios públicos pero también extiende esta consideración a figuras como los concejales, que no lo son, por lo que no tendría que haber ningún problema a la hora de poder otorgar dicha autoridad (cuando se busca el "atentado") a los profesores de la privada.
Sin embargo, reconoció que en el panorama actual, con leyes en distintas comunidades autónomas además de la presencia del Código Penal, sí que se puede producir "alguna disfunción en cuanto a la aplicación de las leyes en el plano legal". "Por eso nuestra preocupación es insistir en que debe ser una normativa a nivel estatal a la que exigir los contenidos y los límites de la consideración de autoridad", apostilló.