El juez español en Estrasburgo, Luis López Guerra, ha defendido a capa y espada la supresión de la doctrina Parot.
Fue una de las exigencias de ETA en sus conversaciones con Gómez
Benítez en la época en la que López Guerra fue secretario de Estado de
Justicia.
Por Luis Losada Pescador.- Estrasburgo
trabajaba con sigilo y especial sensibilidad la sentencia sobre la
doctrina Parot. Un sigilo que no ha impedido las filtraciones que
apuntaban a lo confirmado hoy lunes: La sentencia dada a conocer hoy
lunes, 21 de octubre, falla en favor de la sanguinaria asesina de ETA Inés del Río y descarta avalar esta doctrina que en cambio avalaron en España el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
La clave de todo se llama Luis López Guerra, el juez
español en Estrasburgo, tan vinculado al PSOE como que fue diputado
socialista de la Asamblea de Madrid. En 2004 Zapatero le nombra
secretario de Estado de Justicia, cargo que ostenta hasta que en octubre
de 2007 es promovido a magistrado del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, puesto al que aterriza el 1 de febrero de 2008.
Precisamente en esos años en que fue secretario de Estado de
Justicia fue cuando presuntamente el entonces abogado de Garzón y vocal
del CGPJ, José Manuel Gómez Benitez pactó con ETA en Oslo la supresión
de la doctrina Parot. A pesar de su posible contaminación no
sólo no se ha apartado del caso sino que lo ha impulsado con entusiasmo.
“Haré todo lo que pueda para que se confirme en la Gran Sala”, dice a
sus íntimos.
Y todo lo que pueda es bastante. En primer lugar, triquiñuelas
procesales. Y en segundo lugar, abanderar la supresión de la doctrina
Parot sabedor de que sus 16 compañeros de la Gran Sala se inhibirán si
el juez nacional es partidario de condenar a su propio país.
¿Y qué hará el gobierno español? Acatar la sentencia y respetar la legalidad
aunque argumenten que la sentencia no es aplicable “erga omnes” sino
sólo para el caso de examen de la sanguinaria etarra Inés del Río. Un
‘desideratum’ que en la práctica se convertirá en un cambio en la
posición penitenciaria no sólo de Del Río sino de 61 etarras más y de
otra treintena de grandes delincuentes como terroristas del GRAPO o los
violadores de las niñas de Alcàsser.
¿Podría no acatar la sentencia como ha hecho varias veces Gran Bretaña? Podría,
aunque el hipergarantismo judicial echaría por tierra su estrategia. De
hecho, de manera preventiva y sin esperar a que la sentencia se
promulgue, el pleno de la Sala de lo Penal la Audiencia Nacional decidió
el pasado viernes 11 de octubre aplicar ya la presunta nueva doctrina
de Estrasburgo.
¿Podría el gobierno haber recusado a López Guerra por ser ‘juez y parte’?
Podría. Aunque también es verdad que el Ejecutivo es consciente de que
las posibilidades de triunfo habrían sido más bien escasas. Habría
dañado su imagen, pero al menos habría servido para que el resto de
jueces se tomaran con mayor cautela los dictámenes del juez español.
Es verdad que el gobierno logró que la sentencia de julio de 2012
fuera revisada a pesar de haber sido dictada por unanimidad. Y también
es verdad que en la audiencia previa los abogados del Estado estuvieron
contundentes argumentando que un homicidio no puede tener el mismo
reproche penal que ocho. La primera deliberación fue positiva para la
doctrina Parot. Ha sido la posterior labor de López Guerra la que ha
frustrado la estrategia del Ejecutivo. Todos los intentos de reconvenir
han sido frustrados. Ahora sólo queda esperar al 21 de octubre y acatar
la legalidad.
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