Hace 40 años, el Tribunal Supremo
de Estados Unidos hizo públicas dos sentencias que, en la práctica, legalizaron
el aborto libre en todo el país. Desde entonces, el movimiento provida no ha
dejado de luchar para acabar con esa lacra que se ha cobrado 55 millones de
vidas. Entre sus muchas victorias, está el que la sociedad no haya hecho las
paces con el aborto
El 22 de enero de 1973, el Tribunal Supremo de
Estados Unidos pronunció sus sentencias para los casos Roe vs. Wade y
Doe vs. Bolton. En ellas, los magistrados situaban el aborto dentro del
derecho de la mujer a la privacidad, y abolían las restricciones estatales a la
terminación del embarazo. El Presidente del Comité de Actividades Provida de la
Conferencia Episcopal Estadounidense, cardenal Sean O’Malley, ha recordado estos
días que, «sin fundamento en la Constitución, en la ley o en los derechos
humanos», estas decisiones han hecho posible que 55 millones de niños no hayan
tenido la oportunidad de nacer. «La magnitud de esta pérdida es impactante, y,
sin embargo, el Tribunal y muchos en nuestra sociedad la relegan a una decisión
personal».
Mañana, Washington D.C. acoge la Marcha por la
vida. Cada año, desde ese fatídico 22 de enero, cada vez más personas de
todo el país viajan cientos o miles de kilómetros, y hacen frente al frío de
enero, para prestar su voz a los no nacidos. Hace dos años, se batió el récord
con 400.000 asistentes. La convocatoria ha crecido, e incluye varios días de
eventos de todo tipo. También la Iglesia se hace presente, y este año ha
convocado una novena de oración y sacrificios, que comenzó el sábado pasado. «El
mal del aborto -ha explicado el cardenal O’Malley- inflige un daño inimaginable,
pero Jesús nos ofrece curación y renovación. No vino a condenarnos, sino a
liberarnos de la carga del mal que hemos hecho».
Un debate
que no desaparece
Las Marchas por la vida, celebradas año tras
año durante cuatro décadas, son el mejor símbolo de la incansable labor del
movimiento provida estadounidense. A través de su perseverancia, han logrado
algo por lo que, en los años 70 del último siglo, pocos apostaban: que el debate
sobre la vida humana, lejos de quedar zanjado, se haya mantenido en primera
línea de la vida social y política.
En este tiempo, no han dejado de aprender. Uno de
los cambios fundamentales ha sido tomar conciencia de que la mujer que se
plantea abortar vive su embarazo como una verdadera amenaza, y que los mensajes
que sólo se centran en el no nacido como víctima la ponen a la defensiva, y
acentúan ese sentimiento de o él, o yo. Por eso, desde hace años muchos
esfuerzos se centran en ayudar y acompañar a la mujer para salvar del aborto
tanto a ella como a su hijo. Al mismo tiempo, en el seno del movimiento han
surgido diversas iniciativas para atender cuestiones tan diversas como la
sanación del síndrome post-aborto, la oración, la acción política y mediática,
la investigación de las ilegalidades que cometen los centros abortistas, e
incluso la atención a los trabajadores de la industria del
aborto.
Además de los miles de vidas salvadas, otro logro
del movimiento es la aprobación, en los Estados, de medidas destinadas a reducir
esta lacra: límites a los abortos tardíos, períodos de reflexión, obligación de
que las mujeres vean una ecografía de su hijo, consentimiento paterno en el caso
de menores... Desde 2010, 24 Estados han adoptado 90 medidas así. Otro frente es
conseguir que se retire la financiación pública a la principal entidad
abortista, Planned Parenthood, como acaba de ocurrir en Texas. Así, paso
a paso, entre 1982 y 2008, el número de establecimientos abortistas ha pasado de
2.908 a 1.793. En cuatro Estados, sólo queda uno.
¿Qué es ser
provida?
El otro gran frente de batalla es la opinión
pública, y la situación es ambigua. En 1995, cuando la demoscópica Gallup
preguntó por primera vez, el 56% de los encuestados se declaraba
pro-elección, frente a un 33% de provida. En 2009, las tornas
cambiaron, y el año pasado había un 50% provida y un 41%
pro-elección. Pero, etiquetas aparte, en el fondo las opiniones se
mantienen. Casi la mitad (47%) afirma que abortar está moralmente mal,
pero, a pesar de ello, el 52% opina que debería ser legal «en algunas
circunstancias»; el 25% considera que debe permitirse siempre, y el 20% defiende
prohibirlo. Los datos del Centro de Investigación Pew confirman este
reparto: el 29% de la población quiere que se revoque la sentencia Roe vs.
Wade (en 1992, eran el 34%), y el 63% (60% en 1992) la
apoya.
Con todo, los provida tienen una baza a su favor:
su firmeza. Los mismos abortistas constatan que los defensores del no nacido son
más jóvenes y más comprometidos. Si, según el Centro Pew, el porcentaje
de personas que consideran que el aborto es una cuestión crítica o
importante ha descendido 21 puntos desde 2006, y está en el 45%, entre
los partidarios de revocar la sentencia, es el 74% los que dan importancia a
esta cuestión. También se quejan sus partidarios de que es difícil
normalizar el aborto cuando pocas mujeres hablan públicamente del suyo,
si no es para mostrar arrepentimiento. Las mismas Jane Roe y Mary Doe, que en
realidad se llaman Norma McCorvey y Sandra Cano y no abortaron, lamentan el
papel que jugaron y hoy son activistas provida.
Muchas
implicaciones
Toda esta historia puede repetirse. Las sentencias
del Tribunal Supremo de 1973, en la práctica, legalizaron el aborto en todo el
país. 40 años después, las miradas vuelven a centrarse en este Tribunal, que a
partir de marzo juzgará la constitucionalidad de las leyes -estatales y federal-
que definen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Una sentencia
favorable al lobby gay equipararía matrimonio y uniones homosexuales a
nivel federal, y obligaría a 30 Estados a cambiar sus Constituciones. De ser
así, como en el caso del aborto, los defensores de la familia deberán trabajar
duro durante décadas para tratar de solventar el daño causado.
María Martínez López
Junto
a la vida, también está en juego la libertad
religiosa
La labor de los obispos estadounidenses en defensa
de la vida y la familia está ligada, desde hace más de un año, a la defensa de
la libertad religiosa. La Iglesia católica, con el apoyo de otras confesiones,
ha jugado un papel clave en la oposición al mandato, incluido en la reforma
sanitaria de Obama, que obliga a todos los empleadores a contratar seguros
médicos que cubran todas las formas de contracepción -incluidos fármacos
abortivos-, aunque esté en contra de sus creencias. Además de su labor
divulgativa y de oración, 43 instituciones católicas -incluidas diócesis y
universidades- presentaron demandas contra el mandato, que se unían a otras ya
existentes. Ya se ven los primeros frutos, aún provisionales: las demandas de la
diócesis de Nueva York y de dos compañías han sido admitidas a trámite, y en
algunos casos, además, se ha suspendido cautelarmente la obligatoriedad del
mandato.
Fuente: http://www.alfayomega.es/Revista/2013/817/06_aquiahora1.php